Se trata de un derecho constitucional del imputado que se deriva de la presunción de inocencia que le asiste, según la cual no puede ser tratado como culpable mientras no exista una sentencia firme que así lo declare.
Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que se encuentra sometido a la reglamentación que establecen las leyes procesales con la finalidad de conjugar el interés del imputado de permanecer en libertad con el interés de la sociedad de asegurar los fines del proceso penal en aras de que el mismo no se torne ilusorio ante la eventual puesta en libertad del acusado.
Esta reglamentación ha sido objeto de arduo debate tanto en doctrina como en jurisprudencia, y lo sigue siendo en cada caso concreto que se presenta ante los Tribunales Argentinos.
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Atentamente,
José Fernando Teseyra
Abogado
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